Huelga salvaje

Después de casi mes y medio, el gobierno ha levantado el estado de alarma al que le obligó la huelga salvaje de los controladores aéreos; ya podemos tratar el tema sin miedo a que nos apliquen la ley marcial.

No tengo reparo en reconocer que cuando, primero el Ministro de Fomento y luego el Ministro del Interior, salieron en televisión a explicar que habían movilizado a los controladores y establecido el estado de alarma, exclamé: "¡Ya era hora!" Y es que estamos un poco cansados de que, cada vez que nos vamos de vacaciones o nos tomamos un puente, nose convoque una huelga de controladores aéreos, personal de Aena, RENFE o gasolineras. ¡Qué casualidad que siempre coincidan por estas fechas los problemas laborales!

Dicho esto, vayamos a lo que importa.

Huelga salvaje: desde que el Ministro del Interior acuñó la expresión, tanto políticos como plumillas, la han utilizado hasta la saciedad. No tengo noticias de que los controladores matasen a nadie, ni hicieran barricadas, ni incendiaran coches, ni siquiera que se manifestaran. Abandonaron su trabajo (que no es poco) y se reunieron en un hotel. Los desmanes los hemos visto (lo de matar, no) recientemente en Grecia y lo vimos en el mayo del 68 francés, mes, por cierto, que ha pasado a los anales de la historia como ejemplo de lucha por los derechos colectivos.
Trabajadores privilegiados: yo no he sido el que ha fijado el sueldo de los controladores. El sueldo se lo han ido poniendo este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior y… Porque ninguno ha sido capaz de obtener un acuerdo duradero y ha pospuesto el conflicto ha golpe de euro. Pero hay de tener en cuenta que el hecho de que un trabajador gane mucho o muchísimo dinero, no suspende sus derechos constitucionales, uno de los cuales es el derecho a huelga que, en este caso, no estaba motivada por el sueldo sino por las condiciones laborales.
Estado de alarma: es una de las armas (de las que no matan) que la Constitución da al gobierno para hacer frente a situaciones que ponen en peligro la democracia y el orden. No estoy capacitado para determinar si la huelga de controladores entraba dentro de este ámbito pero sí tengo derecho a pedir que se aplique también a los trabajadores de RENFE, a los conductores de autobuses, a los empleados de gasolineras, a los médicos de la seguridad social, a los que recogen la basura y, si hace falta, hasta a las putas que se declaren en huelga de bragas subidas. Lo malo de recurrir a medidas excepcionales es que los gobiernos se acostumbran y pueden caer en la tentación de recurrir a ellas con demasiada frecuencia. Y no olvidemos que cada medida excepcional (legítima, legal y, a veces, hasta justa) es un torpedo bajo la línea de flotación de la democracia.

Dos apuntes:
1.- Penoso el diputado González Pons haciendo campaña electoral mientras el gobierno de la nación intentaba, acertada o desacertadamente, solventar un problema que afecta cada año a muchos españoles. Cuando un gobierno toma medidas excepcionales, la oposición lo apoya o calla y ya hará las críticas despiadadas y oportunas cuando estas medidas se debatan en las Cortes.
2.- Hay que acabar con la falacia del Decreto Ley. Un decreto ley es una ley urgente que entra en vigor antes de ser aprobada por las Cortes. Sin embargo, y eso no se dice casi nunca, todo decreto ley debe ser ratificado por estas Cortes en un plazo que oscila entre 15 y 45 días. Las Cortes pueden ratificarlo, modificarlo o anularlo. El Decreto Ley es una medida legislativa excepcional amparada por la Constitución y, como medida excepcional, cuanto menos se recurra a ella, mejor. Pero es falso que se hurte la voz al poder legislativo.